El Tribunal Superior de Londres declaró ilegal la prohibición impuesta en julio de 2025 por el Gobierno británico contra el grupo activista Palestine Action, al considerar que su inclusión en la lista de organizaciones terroristas fue una medida “desproporcionada”.

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El dictamen, emitido por tres jueces del Alto Tribunal y presidido por Victoria Sharp, reconoce que el colectivo —fundado en 2020— ha empleado métodos delictivos en sus acciones de protesta. No obstante, concluye que sus tácticas no alcanzan el umbral jurídico exigido por la Ley de Terrorismo de 2000 para su proscripción como organización terrorista.

Según la corte, el Estado británico dispone de instrumentos penales ordinarios suficientes para procesar cualquier delito cometido por integrantes del grupo, cuya misión declarada es boicotear a empresas o instituciones que colaboren con el Gobierno de Israel en el contexto de la guerra en Gaza.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, sostuvo que el tribunal reconoce que Palestine Action “ha llevado a cabo actos de terrorismo, celebrado a quienes han participado en esos actos y promovido el uso de la violencia”, y defendió que la proscripción fue el resultado de un proceso “riguroso y basado en pruebas”, aprobado por el Parlamento.

Mahmood manifestó su desacuerdo con la conclusión judicial de que la ilegalización resultó desproporcionada.

Más de 2.700 detenidos desde la prohibición

Desde la entrada en vigor de la medida, más de 2.700 personas han sido detenidas en el Reino Unido por expresar apoyo a Palestine Action, incluidas personas arrestadas por portar pancartas o manifestarse públicamente en respaldo al colectivo o contra el genocidio de la ocupación israelí en Gaza, que desde octubre de 2023 dejó 72.045 personas asesinadas y 171.686 lesionados.

La prohibición convirtió en delito la pertenencia o el apoyo a la organización, con penas de hasta 14 años de prisión.

El Gobierno británico ilegalizó a Palestine Action el 5 de julio de 2025, tras una acción en la que activistas del grupo vandalizaron aeronaves de la Real Fuerza Aérea (RAF) en la base de Brize Norton, en el sureste de Inglaterra.

Los miembros del colectivo afirmaron que su intervención respondía a la denuncia de una supuesta participación británica en la guerra en Gaza, al señalar que la base era utilizada por aeronaves israelíes y estadounidenses para operaciones logísticas, una acusación que fue rechazada por el Ejecutivo.

La decisión de proscribir al grupo fue adoptada por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, en virtud de la Ley de Terrorismo de 2000, lo que supuso su inclusión en la lista oficial de organizaciones prohibidas.

Posteriormente, Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, presentó un recurso judicial contra la medida. En la audiencia celebrada en noviembre, su equipo legal argumentó que la organización se inscribía dentro de una tradición de acción directa y desobediencia civil, y que su inclusión en la legislación antiterrorista constituía una vulneración del principio de proporcionalidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior defendió ante el tribunal que la proscripción había logrado interrumpir un patrón de conductas consideradas escalatorias, aunque sostuvo que la medida no restringía el derecho a manifestarse en favor del pueblo palestino ni a criticar las acciones de Israel en Gaza.

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